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La audiencia provincial de Valencia ordenó a la policía entrar la pasada madrugada en las oficinas del empresario G.S. para llevarse toda la documentación relacionada con las actividades de la compañía. Se sospecha que pueden encontrarse pruebas de que no ha pagado ningún soborno a nadie.
“Es una auténtica vergüenza, nosotros estamos aquí, intentando conseguir contratos de licitación a base de talonario, y él no ha arrimado nunca el hombro”, han comentado desde una de las asociaciones de empresarios más importantes de la Comunidad Valenciana.
Si los hechos pueden ser probados, el caso se llevará al juzgado de lo Social, donde el juez que reciba el sumario tendrá que tomar declaración a todos los empleados, proveedores y ayuntamientos con los que el empresario ha tenido contacto en los últimos 10 años. Las actividades anteriores no podrán ser investigadas, por tratarse de hechos que han prescrito.
Se espera una sentencia ejemplarizante para advertir al resto de empresarios que pudieran estar tratando de realizar sus actividades de forma completamente lícita.
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